Comentario

El 9 de febrero de 1962 el Gobierno de Franco, a través del ministro Castiella, solicitó del Mercado Común una apertura de negociaciones para la asociación con vistas a una adhesión futura. Esta fórmula tenía implicaciones políticas pues pocos meses antes la Asamblea Parlamentaria de la CEE había aprobado el informe Birkelbalch, que establecía que tanto la asociación como la adhesión plena exigían la existencia o la tendencia hacia un cierto nivel de desarrollo económico, de compromiso con el bloque occidental y de sistema democrático. Aunque las expectativas de la mayoría del Gobierno de Franco eran puramente económicas, puede ser que la elección por Castiella de la fórmula de la asociación implicara una voluntad de apertura política del Régimen.
La reacción de los Gobiernos ante la petición española fue positiva en los casos de Alemania y Francia, mientras que otras potencias europeas evitaron un pronunciamiento prematuro. Por el contrario, la petición de asociación desató rápidamente campañas de opinión antifranquistas. No en vano en esas fechas se habían reactivado las comisiones para España de las Internacionales políticas y sindicales de orientación socialista y democristiana. Además, el grupo socialista de la Asamblea Parlamentaria europea presentó una moción que rechazaba siquiera el inicio de las conversaciones. No obstante, el Consejo de Ministros de la CEE realizó un acuse de recibo de la petición del Gobierno de Franco y, en mayo, el Consejo de Europa recomendó algún tipo de asociación económica siempre que se aprobaran cambios políticos. La coincidencia de la petición de asociación con las huelgas generalizadas de Asturias y el País Vasco y, sobre todo, con la represión de los participantes en el Coloquio europeísta de Munich, originó una nueva campaña internacional de condena contra el régimen franquista. Por ejemplo, las intersindicales presentaron una solicitud de una misión de investigación ante las medidas represivas y varias quejas ante el comité de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo.

El cambio del Gobierno de Franco de julio de 1962 permitió contrapesar algo la mala imagen internacional que había traído consigo tanto la represión como las concentraciones y discursos de contenido antiliberal.

En enero de 1963 el Consejo de Ministros de la CEE trató la cuestión española. El Gobierno de Bélgica fue el más beligerante contra la petición de España, alegando la falta de libertad religiosa de los no católicos. Lo más decisivo fue, no obstante, el veto de De Gaulle hacia la solicitud británica de adhesión. Este veto paralizó todas las negociaciones. Dos años después de la primera solicitud, Madrid volvió a insistir ante el Mercado Común. En julio de 1964, la respuesta de Bruselas se limitaba a aceptar la discusión de los problemas que el desarrollo del Mercado Común planteaba a España sin considerar la perspectiva de la asociación. Aunque Castiella, cada vez más pesimista, siguió buscando vías para eliminar los obstáculos políticos, las propias dificultades internas de la CEE, como la actitud francesa hacia el Reino Unido o la política agrícola, reducían al mínimo las expectativas españolas. Hacia 1965 quedó claro que no se podía esperar ninguna concesión política del Mercado Común. Mientras que los aperturistas del Régimen habían esperado algún tipo de reconocimiento europeo que impulsara los cambios internos, las instituciones comunitarias exigían reformas democratizadoras antes de la asociación. Los lazos entre la dictadura de Franco y la Comunidad Económica Europea habrían de circunscribirse a las relaciones comerciales. Por fin, en 1967, cinco años después de la primera solicitud española, la CEE ofreció un Acuerdo Preferencial. Esta oferta europea, aunque era mucho mejor que un mero acuerdo comercial, tenía un contenido exclusivamente técnico. Tras tres años de negociaciones, llevadas por el ex ministro Ullastres, en julio de 1970 terminó firmándose el Acuerdo Preferencial.